Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí son enemigos declarados de España y la UE

 

Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí son enemigos declarados  de España y la UE

Por Bruno Perera.

Durante más de tres décadas, Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí han permitido -y en ocasiones promovido- el tránsito constante de inmigrantes ilegales hacia España, especialmente a través del archipiélago canario. Esta situación, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en estructural, con consecuencias sociales, económicas y políticas de gran calado.

Inmigración descontrolada y costes acumulados. Los inmigrantes que llegan desde estos países lo hacen, en su mayoría, sin formación profesional, sin recursos económicos y sin documentación válida. Entre ellos se encuentran personas vulnerables, pero también individuos con antecedentes delictivos. El viaje en pateras precarias pone en riesgo sus vidas, pero también tensiona y pone patas para arriba los sistemas de acogida españoles.

Se estima que el coste total de esta inmigración irregular ha superado los 60.000 millones de euros en los últimos treinta años, incluyendo gastos en sanidad, educación, alojamiento, manutención, asistencia jurídica y programas de integración. A esto se suma el coste de atención a menores no acompañados (MENAs), que puede alcanzar los 150 euros diarios por menor, incluyendo alojamiento, alimentación, educación, atención médica y ayudas económicas. Y más, una vez que cumplen mayoría de edad se les concede por tres años extras una ayuda mensual de unos 550-600 euros, mientras dicen que buscan empleo.

Gráfico comparativo: impacto económico de la inmigración en España. Subvenciones a oenegés y países africanos: ¿solidaridad o incentivo?

Según datos publicados por medios como Libre Mercado, el Gobierno español ha destinado 1.458 millones de euros en los últimos tres años a oenegés que acogen inmigrantes con o sin papeles. Estas subvenciones se han canalizado mediante el sistema de “acción concertada”, que permite adjudicaciones sin licitación pública, generando críticas por la falta de transparencia y control.

Además, existen fondos europeos como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África y el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, que movilizan inversiones en países emisores de migración. El Marco Financiero Plurianual 2021–2027 contempla más de un billón de euros para proyectos en África, aunque muchos de estos recursos terminan beneficiando a gobiernos que no colaboran activamente en el control migratorio.

Alojamiento en hoteles: una política que incentivó el efecto llamada. Durante la pandemia de COVID-19, varios partidos políticos permitieron el alojamiento de inmigrantes ilegales en hoteles y apartamentos turísticos, alegando que no podían ser deportados por falta de transporte. Esta justificación fue ampliamente cuestionada, ya que no existía una prohibición absoluta de repatriaciones, sino una falta de voluntad política.

Esta medida generó un efecto llamada que ha incrementado el flujo migratorio. Hoy en día, llegan incluso personas con amputaciones, enfermedades graves y ancianos, sabiendo que en Canarias recibirán socorro inmediato y pensiones no contributivas, una vez alcanzada la edad requerida.

Canarias, al límite. Mientras tanto, miles de familias canarias sobreviven con sueldos precarios, enfrentando alquileres desorbitados -500 euros por una habitación de 20m2, 800 a 1.300 euros por un apartamento de 50-60m2- y una presión social creciente. La generosidad institucional hacia los inmigrantes contrasta con el abandono que sufren muchos ciudadanos españoles e incluso muchos ciudadanos inmigrantes legales que radican en Canarias.

Conclusión: solidaridad con responsabilidad. España no puede seguir siendo el receptor pasivo de una inmigración descontrolada, ni el financiador silencioso de políticas que incentivan el éxodo africano. Es urgente establecer mecanismos de control, exigir reciprocidad a los países emisores y priorizar el bienestar de los ciudadanos españoles. La solidaridad no debe confundirse con sumisión, y la ayuda internacional debe estar condicionada al cumplimiento de compromisos reales en materia migratoria. Por ello la única solución que tenemos para atajar el chantaje que nos hacen estos países corruptos es que sin consideración y sin negociación alguna -una vez que le hayamos prestado el socorro necesario de uno dos o tres días- le devolvamos por vía marítima y aérea a todos los miles de inmigrantes ilegales que nos envían casi a diario. Si no lo hacen tal como digo, dentro de unos pocos años será imposible enderezar esta situación que ya de por sí es caótica.

Nota: Para que el sistema de deportaciones funcione se deben hacer los albergues cerrados y no abiertos como están en presente. Habrán muchas oenegés proinmigración ilegal que protestarán alegando que esta propuesta es una abominación, pero se les debe responder que mayor abominación es dejar que salgan desde África miles de  inmigrantes diariamente y que muchos de ellos perezcan ahogados en altamar, como los tantos que ya han muerto que según datos de oenegés proinmigración ilegal superan las cifras de unos 6.000 individuos.