
La hipocresía de políticos, religiosos y
oenegés que defienden la inmigración ilegal y legal en Canarias
Por Bruno Perera.
En los últimos 30 años, la llegada
masiva de inmigrantes ilegales a las costas españolas, especialmente a las
Islas Canarias, ha generado un intenso debate social, económico y político.
Casi a diario, se escuchan y se ven entrevistas a políticos y representantes de
oenegés que defienden tanto a inmigrantes ilegales como legales, argumentando
que su presencia enriquece la diversidad cultural, económica y social de
nuestra región. Pero, desde mi perspectiva, esta visión requiere un análisis
más profundo, especialmente en el contexto de las realidades que enfrentan
muchas comunidades, como la canaria.
La afirmación de que los inmigrantes,
tanto legales como ilegales, llegan a España sin intención de quitar nada a los
locales es totalmente incierta. Todos los inmigrantes buscan desesperadamente
una oportunidad para mejorar sus vidas, huyendo de situaciones de pobreza
extrema, violencia o inestabilidad en sus países de origen.
La llegada masiva de inmigrantes en
condiciones precarias plantea desafíos significativos para las comunidades
receptoras, que ya enfrentan sus propias dificultades. En Canarias, por
ejemplo, hay escasez de viviendas disponibles, y las que existen tienen precios
abusivos en un territorio casi saturado de residentes y turistas, con poca
capacidad de crecimiento por falta de espacio territorial. Además, los salarios
de la mayoría de los obreros están congelados y son raquíticos en comparación
con el coste de la vida. Por ejemplo, en los últimos tres años todo ha
subido de precio un 37%.
La situación en Canarias es alarmante.
Con un flujo medio de aproximadamente 1.000 inmigrantes ilegales por semana que
entran por mar, y amén de los tantos otros que lo hacen vía aviones y que no
son contabilizados.
Las instituciones locales se ven
desbordadas. La Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja y otros
organismos sociales se encuentran en la situación de desviar recursos y
atención de la población local y turística para atender a los recién llegados
por mar y vía aérea. Esto no solo afecta la capacidad de respuesta ante las
necesidades de los canarios, sino que también genera tensiones en una sociedad
que ya enfrenta altos índices de pobreza y precariedad. Los servicios
básicos, como Sanidad, Educación y Vivienda, están todos saturados, y en
ciudades capitales de Canarias los centros educativos presentan un alto y
exagerado índice de ocupación de alumnos extranjeros.
Según datos recientes de la ONG Cruz
Roja y de Cáritas, cuatro de cada diez canarios viven en el umbral de la
pobreza. En este contexto, resulta difícil justificar la priorización de
recursos para inmigrantes ilegales en detrimento de los ciudadanos que
contribuyen al sistema a través de sus impuestos. Las ayudas destinadas a los
inmigrantes podrían ser mejor aprovechadas para mejorar la calidad de vida de
los propios residentes, muchos de los cuales luchan por salir adelante sin
poder acceder a una vivienda digna o a empleos con salarios justos; y
entre esta desgracia, muchos canarios/as duermen en la calle, en caravanas, en
un coche o debajo de un puente, etc.
Mi crítica hacia algunos representantes
políticos, oenegés y entes religiosos, es que parecen abogar por una mayor
llegada de inmigrantes ilegales. Baso esta percepción en que el interés de
estas instituciones puede estar más relacionado con la perpetuación de su labor
social, política y religiosa que con el bienestar real de la población
local. En lugar de enfocarse en la ayuda a los inmigrantes ilegales,
sería más constructivo que estas organizaciones trabajaran en mejorar las
condiciones de vida de los canarios/as, quienes deben ser los principales
beneficiarios de las políticas sociales y económicas.
Si realmente desean socorrer a los
inmigrantes en situación de pobreza, deberían hacerlo en sus países de origen,
donde la necesidad de ayuda social y económica es aún mayor. La
religión, en su esencia, debe ser un apoyo moral y espiritual, no un sustituto
de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y empleo.
Es fundamental priorizar las necesidades
de la población local canaria, garantizando que los recursos disponibles se
dirijan a quienes realmente los necesitan en nuestras comunidades.
La inmigración ilegal es un fenómeno
complejo que requiere un enfoque equilibrado y humano. Sin embargo, no podemos
ignorar que muchas mafias africanas, con la complicidad de oenegés como Caminando
Fronteras, están detrás de esta crisis migratoria. Estas
organizaciones facilitan la entrada de inmigrantes ilegales y, en muchos casos,
son responsables de la muerte de miles en el mar, ya que garantizan a los
migrantes que podrán ser rescatados por la Guardia Civil del Mar una vez que se
lancen al agua en pateras, zodiacs o cayucos, prometiéndoles que serán
salvados. La tragedia de la inmigración no puede justificar una
política que envíe en varias ocasiones a estas personas a la muerte, mientras
se ignoran las necesidades de nuestra propia población.
Es hora de que las instituciones y
líderes sociales canarios se centren en encontrar soluciones que prioricen el
bienestar de los residentes. La diversidad cultural solo es valiosa cuando nos
beneficia social y culturalmente a los nativos, y no cuando llega sin un
oficio, una carrera o una preparación que permita integrarse de manera
productiva en nuestra sociedad.
La pobreza en otros países no puede ser
un argumento para desatender las dificultades que enfrentan nuestros propios
ciudadanos. Durante casi 30 años, hemos despilfarrado casi 30 mil millones de
euros en ayudas a naciones africanas corruptas y en sostener a cientos de miles
de inmigrantes ilegales, incluidos adultos y MENAs (menores extranjeros no acompañados). Y,
sin remedio aún, se sigue ampliando ese despilfarro.
Con la situación económica, social y
territorial que atraviesan nuestras islas, no hay recursos suficientes para
soportar más inmigración ilegal. No somos la Madre Teresa del mundo ni
tampoco debemos serlo, y no podemos seguir asumiendo la carga de millones
de africanos o de otras naciones que viven en la pobreza por causas sociales,
territoriales o políticas, o por tener demasiados hijos sin poder
alimentarlos; esos son problemas culturales de cada nación que a
nosotros no nos compete ni nos conviene y que, si los tomamos en cuenta y nos
abanderamos como una Madre Teresa, abandonamos las necesidades de los nuestros.
El Cosmo-Poder creó el mundo para que
cada uno busque su propio camino sin quitarle a otros lo que han conseguido con
esfuerzo. Es hora de entender que no todos los pobres del mundo caben en
Canarias. Por ello, debemos cerrar las puertas a la inmigración ilegal. Si no,
en unos años, seremos nosotros, los residentes nacionales y legales, quienes
padeceremos las consecuencias: una sociedad cada vez más fragmentada, con
recursos agotados y una calidad de vida en declive.
Espero que algún día, el Cosmo-Poder
ilumine a los políticos canarios y peninsulares, porque, de lo contrario, el
futuro será mucho más difícil para todos.
P.D. La inmigración que entra en
Canarias por pateras, zodiacs y cayucos, así como la que llega por vía aérea,
con o sin documentación, muchas veces oculta su verdadera identidad, alegando
ser apátridas o no tener nacionalidad y que demanda asilo que le proponen
falsamente las oenegés proinmigración ilegal. No se les investiga a fondo y, en
muchos casos, viajan a la Península o a otros países europeos con la
complicidad del Gobierno canario y del Estado español, que muchas veces los
traslada en vuelos comerciales sin que la ciudadanía tenga conocimiento. Todo
esto se realiza a escondidas, en un claro ejemplo de la falta de transparencia
y de la hipocresía que rodea a este fenómeno. Recuerden que durante la
pandemia de Covid-19 las autoridades canarias dejaron entrar a decenas de miles
de africanos inmigrantes ilegales a los cuales les proporcionaron alojamiento
en hoteles y apartamentos turísticos con todo incluido. Y que por tal ambición de negocio el
llamamiento se ha hecho mucho mayor, y que en el presente lo estamos padeciendo
a gran escala. Todo fue un paripé orquestado por el Gobierno canario y su séquito
de seguidores ambiciosos, un negocio llevado a cabo entre unos cuantos que bien
se aprovecharon del cuento de que no se podía repatriar a los inmigrantes
ilegales porque, según ellos alegaban, no había transporte aéreo ni marítimo para
enviarlos de vuelta. Mentira tras mentira.
Canarios, canarias, ya es hora de
despertar y exigir una gestión responsable y efectiva de nuestra tierra. No
podemos seguir permitiendo que la inmigración ilegal siga desangrando nuestras
capacidades sociales y económicas, poniendo en riesgo nuestro bienestar.
No olviden que la inmigración ilegal en
Canarias y en toda España se ha convertido en un negocio rentable donde algunos
partidos políticos pescan votos, empresarios que contratan a semiesclavos,
empresarios que venden las necesidades de los inmigrantes ilegales, como son
calzado, ropa, alimentos y transporte; y oenegés que se nutren de darles
albergue a precios desorbitantes, como por ejemplo a un MENA por 150 euros por
día.
La clave para erradicar esta gran
tragedia se halla en cerrar todos los albergues y las fronteras a toda
inmigración, sea ilegal o legal. Y en ello, mientras tanto, procurar solo
admitir inmigración legal cuando la necesitemos. Y a lo ya explicado
añado como final que la repartición de inmigrantes adultos y MENAs entre las
restantes 16 autonomías que propone el Gobierno canario no es productiva porque
con ello solo se conseguirá medio vaciar los albergues para que las mafias
africanas se alienten a mandarnos a más inmigrantes ilegales, sean adultos o
MENAs.
Nota. Este artículo fue enviado a la
señora Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.